Provincia frena las jubilaciones de oficio para achicar déficit en el IPS

La Plata, ene 5 (DIB).- El gobierno de Axel Kicillof decidió frenar las jubilaciones de oficio que prevalecieron durante gran parte de la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal, con el objetivo de achicar el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS).

La plantilla de beneficiarios del IPS es de casi 300.000 y la idea es que este número no se engrose por decisión del propio Estado provincial. Por eso, el gobierno de Kicillof buscará que los estatales y docentes no cesen ya de sus cargos manera obligatoria al cumplir con la cantidad de años y aportes previsionales requeridos por ley.

La idea de la actual gestión es totalmente contraria a la que mantuvo Cambiemos que intimaba a los agentes y los notificaba para que se acogieran a la jubilación. Algunos números, aunque no oficiales, señalan que Vidal les habría propiciado el retiro a unos 80 mil trabajadores.

«Hace cuatro años había una relación de 3,3 activos por cada pasivo: ahora es de 2,70 agentes en actividad por cada jubilado», le dijo al diario El Día de La Plata el presidente del IPS, Eduardo Santín.

Por otro lado, desde el organismo señalan que el gobierno de Vidal siguió tomando empleados pero bajo el mecanismo de contratación a través del monotributo, por lo que esos empleados hacían sus aportes al Anses. «Esto profundizó el desfinanciamiento del IPS», aseguraron.

Con el cese de jubilaciones de oficio, Kicillof buscará achicar el déficit: el rojo del IPS es de unos 25 mil millones de pesos al año. Otra medida que podría tomar Provincia en este sentido es la del pase a planta temporaria de empleados contratados durante la anterior gestión con el objetivo de que empiecen a aportar al organismo bonaerense. Entre ellos habría unos 50.000 trabajadores contando provinciales y municipales (estos también aportan al IPS).

«Hubieron jubilaciones de oficio pero también gente que se retiró apenas cumplió los requisitos, porque se le metió miedo sobre la posibilidad de que se cambiara el régimen previsional. Algo que nosotros no vamos a hacer», dijeron desde el Gobierno. (DIB) MT

Panorama bonaerense:
Variaciones políticas en torno de una cifra fetiche
El oficialismo y la oposición buscarán, en una reunión clave, destrabar la ley fiscal para este año, cuyo estancamiento puso en una suerte de «stand by» cuestiones centrales de la gestión provincial pero también causó incertidumbre entre varios intendentes opositores, que esperan una asistencia financiera que se retrasa.
(Por Andrés Lavaselli, de DIB).-
Hay avances incipientes en algunos sondeos, pero una incógnita se mantiene abierta: ¿qué fórmula política permitirá superar la controversia sobre el «número mágico» del 75% de suba en el Impuesto Inmobiliario convertido en «fetiche, por razones inversas, a ambos lados de la grieta?
Antes de que legisladores y funcionarios se vean, el gobernador Axel Kicillof definió dos cosas. 1) El esquema de suba «progresiva» del Inmobiliario podrá ser revisado pero bajo una premisa estricta: habrá, sí o sí, un porcentaje de contribuyentes que deberá pagar el 75%. Siente que esa cifra encierra una calve ideológica que debe establecer desde el vamos. Se lo dejó claro incluso a Sergio Massa, que le sugirió en una reunión reservada tener más flexibilidad. «No vamos a hacer como Rodríguez Larreta que aumentó para todos el equivalente a la inflación, vamos a preservar la progresividad»; ejemplifican en su entorno. 2) No hay plan B: es la ley o nada.
En la estrategia del gobernador el segundo de esos puntos es tan importante como el primero. Por eso, usó la semana para enviar algunos mensajes importantes. Por un lado, les mandó a decir a los gremios estatales que no abrirá paritarias hasta tanto no tenga los recursos para sostenerla. Es decir, hasta que no se asegura «una recaudación en términos reales» superior a la de 2019, lo que equivale a pedir alícuotas superiores al 55%. Esa novedad enmascaró otra, tal más más importante a mediano plazo: correr a UPCN en beneficio de ATE como interlocutor privilegiado con ese universo. Si lo concreta, será una especie de mini revolución.
A la vez, en una reunión donde lo cordial no le quitó a nadie lo valiente, le sugirió a los intendentes opositores que si no tiene ley –es decir si tiene que manejarse con la de 2019 prorrogada- el ajuste caerá sobre ellos antes que sobre otros. Kicillof mencionó específicamente a los gremios: no pagarán ellos los platos rotos, es la idea. Nada dijo de los alcaldes del oficialismo, tal vez porque es obvio. Por lo bajo, además, le recomendó a algunos jefes comunales que agriamente expusieron las dificultades financieras que enfrentan (uno de la costa se llevó las palmas del «llanto», dicen en Gobernación) que hablen con «sus» legisladores para facilitar el trámite.
En espejo exacto del Ejecutivo, la oposición también prevé reducir la complejidad de la ley a su índice puramente político: el 75% del Inmobiliario. Para ellos, perforar hacia abajo ese tope es una defensa de la base electoral propia, por eso insisten: ese porcentaje «no pasa» así como está el filtro del Senado. Jorge Macri, quizá el dirigente que mejor aprovechó la controversia en términos de instalación personal, se ató tanto como Kicillof a un perfil de negociación duro: fue quien estableció que Juntos por el Cambio nunca votará un aumento por encima de la inflación del año pasado, es decir mayor al 55%.
Encontrar una salida
Pero a la vez que se velan esas armas, en los contactos informales que ha habido en las últimas horas, quedó clara la voluntad de las partes de encontrar una salida: Kicillof la necesita, además de para apuntar a la paritaria, para otro objetivo prioritario: avanzar en la negociación de la deuda, de ser posible esquivando los exigentes vencimientos de este mes; la oposición, para no aparecer bloqueando un gobierno en su inicio y para dar respuesta a sus alcalde. Así las cosas, es probable que el lunes se dedique una buena parte del esfuerza a encontrar una fórmula que permita a todos ceder algo sin que se note demasiado. Es decir, sin afrontar un costo político excesivo.
La nueva estrategia legislativa puede ayudar. El plan del Ejecutivo, que busca avanzar primero en Diputados, donde tiene una ajustada mayoría, deja entrever algún «rebusque» en ese sentido: la idea es presentar el mismo proyecto que fracaso en el primer intento, para introducir «sobre tablas» modificaciones, por caso para modificar escalas y que menos partidas paguen el 75%. Eso podría dar pie a que el Senado, donde manda Juntos por el Cambio, le introduzcan más cambios y los remitan a la cámara de origen. Si no son «inaceptables», el oficialismo podría dejarlos pasar. La fórmula sería que Kicillof tenga su ley y la oposición deje sentado su resistencia.
El reparto de los 23 cargos que quiere la oposición (habrá que ver cómo se reparten en un esquema de tres fuerzas, UCR, PRO y CC que no coinciden con los tres liderazgos de Macri, Vidal y Monzó) es parte de este paquete. Y los cambios que podrían introducirse en bases imponibles o alícuotas de IIBB tienen un impacto mucho mayor que lo que se discute en la superficie: los cambios en el Inmobiliario no serían mucho más o menos que unos $800 millones, en un presupuesto que en abril podría llegar al millón de millones de pesos. Pero así son las encerronas en que a veces se mete la política. (DIB)

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