La crisis interna que se abrió en el PRO a raíz del veto de Mauricio Macri a un acuerdo de Juntos bonaerense con el gobierno de Axel Kicillof para modificar el régimen jubilatorio del Banco Provincia abre escenarios múltiples. El más importante es la falta de interlocución válida entre el gobierno y una de las dos principales fuerzas de la oposición, que podría acentuarse si los halcones porteños siguen imponiendo su voluntad en la Provincia. Pero también la estabilidad interna de ese sector podría resentirse.
Ese solo llamado revela varias claves. 1) Lo hizo Macri porque Néstor Grindetti, hasta entonces el negociador de la oposición y vice del partido, acababa de renunciar a ese puesto. Molesto por ser deshautorizado, hasta se fue de los grupos de WhatApp. 2) Jorge Macri, que es el presidente del PRO bonaerense, es a la vez ministro porteño y aspira a suceder a Horacio Rodríguez Larreta, por lo que limitó su actuación a esa comunicación. Por lo tanto: 3) PRO, hoy, no tiene quien negocie ante el Ejecutivo, cosa que no pasa con la UCR.
Pero lo central es que Macri, a favor de la lógica de su discurso duro (y de un informe negativo a la reforma que le giró Hernán Lacunza, ministro de Economía provincial cuando se votó la ley que ahora se busca anular) frustró un acuerdo que iba más allá de la ley jubilatoria. Incluía obras para los intendentes PRO, que vienen recibiendo de Kicillof solo los fondos automáticos regulados por ley y ni un peso más. Y también el reparto de cargos con la oposición, entre ellos en el directorio del Banco, los organismos de la Constitución incluido el Tribunal de Cuentas (para un hombre del Gobernador), pendientes desde el inicio del mandato actual.
Las consecuencias son muchas. En el Gobierno, contra lo que podría suponerse, hay preocupación, en especial en el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, negociador del acuerdo. Es que otra sin interlocución con PRO y con un Senado empatado, el temor es que el proceso de “derechización” que impulsa Macri se profundice y trabe este y otros acuerdos. Se da una situación similar a la de finales de 2019, cuando hubo crisis por la aprobación del primer presupuesto de Kicillof. La tesis de que un intendente se iba a entender mejor con otros intendentes y todo sería más fluido, parte de la lógica de recambio post elecciones 2021, no se verificó.
En PRO, el portazo de Grindetti corona una incomodidad que venía de antes: cuando se negoció el apoyo a la ley que habilitó un mandato más a los intendentes también fue parcialmente desautorizado y Juntos terminó votando dividido. Nadie creía que esto iba a volver a repetirse: por eso, Vidal –impulsora de ambas iniciativas que, dicho sea de paso, en su momento apoyaron, a un costo alto para la entonces gobernadora, Insaurralde y Sergio Massa- no había dicho nada hasta que Macri y Bullrich sacaron el tema en la cumbre de PRO. La ex gobernadora supuso que otra ley impulsada por ella iba a caer y no quería quedar pegada a esa derrota.
No menos importante: la UCR aceptó que el tema no avance “por ahora”, para evitar un nuevo voto dividido. Pero su posición es otra: quieren dar el sí, aunque no en soledad, para no pagar costos. La incógnita es ¿Hasta cuándo apoyarán una decisión de PRO que priva de recursos a sus intendentes y de cargos a sus dirigentes y que, además, viene impuesta desde fuera del territorio y a favor de una lógica de “derechización” y endurecimiento del discurso con la que no están de acuerdo. Es decir: seguirá el radicalismo presa de las decisiones de su socio interno. Es justamente lo que la elección de 2021 parecía haber terminado. Tal vez, el episodio sirva como banco de pruebas incluso a nivel nacional. El que lo miró muy de cerca, cuentan, es Facundo Manes. Y no le gustó nada la sumisión a las imposiciones de Macri. (DIB) AL