Escribe: Eduardo A. Volonté
Si se toma como válido el dicho popular “el que avisa no traiciona”, se debe reconocer que el Presidente Milei está cumpliendo con su palabra.
Lo dijo clarito y hace tiempo: “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”.
La presentación ante el Senado de un proyecto de ley bajo el pomposo nombre de “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, constituye un paso más en aquel sentido destructivo.
Aunque en este caso no solo pretende destruir al Estado sino también a los más elementales lazos de solidaridad que deben existir entre los integrantes de una Nación y el Estado, es decir sus instituciones de gobierno.
La reforma impulsa modificación de la Ley 27.893, de Emergencia en Discapacidad que fuera sancionada con amplias mayorías por el Congreso, vetada por Milei, siendo rechazado el veto por los 2/3 del Congreso, y que a pesar de esto y de los fallos judiciales que lo obligan a cumplirla, el gobierno no lo hace. Y ahora pretende reformarla para peor.
El argumento esgrimido para atacar la Ley se centra en el aumento de la cantidad de pensiones lo que indicaría la posible comisión de fraudes.
Para detectarlos impone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio -y eventual baja- para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
Esto que a priori parece ser un motivo razonable, en realidad solo es una pantalla para avanzar en el desmantelamiento de las políticas públicas sobre discapacidad.
Con mucho criterio el periodista Eugenio Lavinia ha desmentido este argumento señalando que “Lo que no se dice es que durante años existió un cupo administrativo, no un límite basado en criterios técnicos. No se otorgaban más pensiones no porque no correspondieran, sino porque la decisión política era no entregarlas. La consecuencia fue brutal: personas que cumplían con todos los requisitos morían esperando. Cuando finalmente se decidió reconocer derechos en lugar de administrar listas de espera, los números crecieron porque se reparó una injusticia, no porque hubiera un fraude masivo.”
Por otro lado, ya existen los mecanismos de control. Y si existen irregularidades también están las herramientas para combatirlas, y la justicia para condenarlas.
OTROS ASPECTOS
El proyecto también significa otros duros golpes a los discapacitados: La incompatibilidad total de la pensión con un trabajo formal, condena al pensionado a la miseria, ya que es imposible que sobreviva solo con el monto del a pensión, que por otra parte se fija en el 70 % de la jubilación mínima, eliminando la facultad de otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.
Incluso el proyecto suprime los incisos que referidos a programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
Lavinia alerta sobre otro aspecto fundamental: “el punto más grave del proyecto no está en su título ni en su diagnóstico. Está en lo que no se dice: la intención de avanzar sobre el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas, la columna vertebral del sistema de atención a la discapacidad en Argentina. Al eliminar su carácter universal y dejarlo librado a la decisión de cada financiador, se introduce una lógica de mercado en un ámbito donde esa lógica no puede funcionar sin producir daño.”
Hoy el nomenclador establece aranceles de referencia a nivel nacional que determinan cuánto deben pagar obras sociales y prepagas a los prestadores por cada servicio y que se establecen por resoluciones oficiales.
La desregulación habilitará a que cada obra social o prepaga pague lo que quiera.
Resulta al menos curioso que estas reformas integrales se impulsen desde el mismo gobierno que enfrenta una causa judicial por presuntas coimas al interior del organismo que administraba esas mismas prestaciones.
Recordemos que en agosto de 2025 el presidente Milei desplazó al director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios referidos a presuntos pedidos de coimas y se aludía a Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem como presuntos destinatarios del 3 % solicitado.
El fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas, sostuvo que en la ANDIS funcionó «una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad».
La reforma a la vez que desviar la atención sobre este hecho de corrupción mileista, pretende vulnerar derechos conquistados, sobre logros del conjunto de la sociedad en favor de aquellos más desprotegidos.
Garantizar la atención del Estado a los más vulnerables no debe ser solo tema de los propios afectados, sino del conjunto de la sociedad.-