Maximiliano Bondarenko y Manuel Ortiz Valenzuela, una sociedad bajo sospecha

Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, el 24 de julio se desafectó a 24 oficiales acusados de usar oficinas y recursos del Estado para apoyar políticamente a Bondarenko y preparar un “golpe al comando institucional” que los colocara en cargos clave de la fuerza. La Auditoría de Asuntos Internos halló pruebas en equipos informáticos y chats de WhatsApp. En el centro de esa maniobra se ubicaba la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, que conducía Ortiz Valenzuela.

Un episodio se volvió símbolo de esa trama. En la casa de Ortiz Valenzuela se hizo un famoso asado el 11 de julio, con la participación de 24 policías —algunos de alta graduación— que, según la denuncia, sirvió para planificar trabajos a favor de LLA. Pese al origen institucional problemático del lugar y del evento, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo entonces: “El asado se hizo en la casa de un policía en actividad. Hay una relación de familia. Son padrinos ambos de sus hijos. A ese policía, junto a otros 23, los echaron por compartir un asado de camaradería”.

Un día después de las desafectaciones, el ministro Javier Alonso amplió la denuncia: sostuvo que los policías filtraban información a legisladores libertarios y habían montado una “consultora política” dentro de la fuerza. “Se está castigando porque desarrollaron una actividad que está prohibida”, explicó. El expediente penal quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta.

En paralelo, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de La Plata, a cargo de Federico Martínez, tramita un expediente por prescripción adquisitiva larga que investiga la usurpación de terrenos en City Bell. Según la denuncia, Bondarenko y Ortiz Valenzuela ocuparon parcelas linderas, levantaron viviendas y hasta compartieron una piscina. Cada uno presentó al otro como testigo en juicios cruzados de usucapión, una maniobra que refuerza la sospecha de coordinación ilegal.

Imágenes satelitales incorporadas a la causa muestran que las construcciones comenzaron en 2015, aunque ambos declararon haber tomado posesión en 1990. Esa diferencia temporal alimenta la hipótesis de falsos testimonios. Los terrenos pertenecían originalmente a Germán Agosti y su esposa Emilia Clementina Guala, ya fallecidos. Hoy la titularidad es reclamada por sus herederos: descendientes directos y sobrinos que incluyen a las familias Attademo, Aprea y Agosti, con ramas sucesorias abiertas en distintas declaratorias de herederos. Ese frente de conflicto patrimonial se superpone ahora con las maniobras políticas atribuidas a la dupla.

Así, dos expedientes distintos —uno penal y otro civil— avanzan sobre los mismos nombres y refuerzan la idea de un armado en tándem entre un exjefe policial con aspiraciones políticas y un candidato libertario que busca llegar a la Legislatura bonaerense. Una sociedad que se mueve entre las sombras de la fuerza y la disputa por la tierra.