Las pruebas del terror

Escribe: Eduardo A. Volonté.-

Habían transcurrido solo cinco días de su asunción, cuando el Presidente Alfonsín –entre otras medidas referidas a los derechos humanos- firmó el 15 de diciembre de 1983 el Decreto 187/83 por el cual se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [Conadep] cuyas funciones fueron recibir denuncias y pruebas sobre violaciones a los derechos humanos y remitirlas inmediatamente a la justicia, denunciar posibles ocultamientos de elementos probatorios. Y emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados.

La Comisión no fue facultada para emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial. El plazo otorgado fue de seis meses, extendido luego a nueve meses. La Comisión se debía integrar con miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres parlamentarios designados por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores de la Nación.

Su integración 

Los diez miembros elegidos y designados por el Poder Ejecutivo por su celo en la defensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país fueron: Ricardo Colombres (jurista, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), René Favaloro (eminente cardiocirujano), Hilario Fernández Long (ingeniero, Rector de la Universidad de Buenos Aires destituido por el golpe militar de 1966), Carlos Gattinoni (obispo metodista), Gregorio Klimovsky (filósofo, profesor universitario renunciante a sus cátedras con motivo del golpe de 1966), Marshall Meyer (rabino), Jaime de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi (filósofo, jurista, también renunciante a sus cátedras con motivo del golpe de 1966), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Ernesto Sábato (escritor).

Puesta a consideración en la Cámara de Diputados la invitación presidencial a integrar la Comisión, diferencias de criterios respecto a las características de la misma, hicieron que solo fueran nominados representantes del oficialismo, recayendo las designaciones en los diputados Santiago López, Hugo Piucill y Horacio Huarte. Ni el Partido Justicialista ni el Partido Intransigente, ni Augusto Conte Mc Donald de la Democracia Cristiana la integran. Solo el radicalismo. Tampoco el H. Senado de la Nación postuló representantes para la integración.

En su primera reunión se designó Presidente de la Conadep a Ernesto Sábato. Luego se decidió la creación de cinco secretarías: de Recepción de Denuncias (a cargo de Graciela Fernández Meijide), de Documentación y Procesamiento de Datos (Daniel Salvador), de Procedimientos (Raúl Aragón), de Asuntos Legales (Alberto Mansur) y Administrativa (Leopoldo Silgueira).

La Conadep funcionó en dependencias del Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires, el personal, unas cien personas, provino, en general, de las ONGs. Los miembros de la Comisión trabajaron ad honorem. Solamente los secretarios y el personal cobraron sueldos equiparados al de los jueces y empleados de primera instancia del Poder Judicial. El Ministerio del Interior brindó el apoyo administrativo, logístico y financiero. El apoyo fue eficaz y estuvo exento de toda intención o presión política.

La Comisión recibió 7.380 denuncias de desapariciones. La nómina completa, publicada en el Anexo al Informe, incluye los datos de casi 9.000 personas desaparecidas. La diferencia numérica estriba en que con ayuda de ONGs y de organismos nacionales, extranjeros e internacionales, se procesaron e incluyeron las denuncias formuladas ante ellos y no formalizadas ante la Conadep. Al dictarse leyes de reparación pecuniaria durante los gobiernos del Presidente Alfonsín y del Presidente Carlos Menem, aparecieron nuevos casos.

El infierno 

El 20 de septiembre de 1984 de manos de su presidente Ernesto Sábato entregó su Informe al Presidente de la Nación, que diera origen al libro “Nunca Más”.

De lo duro y difícil de la tarea realizada, dan cuenta los integrantes de la Conadep en el prólogo del “Nunca Más”: “Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debíamos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rasgos, se ha quemado toda la documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en la denuncia de los familiares, en la declaración de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas razones de “la guerra sucia”, de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de represión”.

La tarea que la Conadep llevó a cabo, -un verdadero descenso al infierno, como lo definió Ernesto Sábato- fue la base fundamental para los posteriores juicios a las juntas militares, por eso ocupará siempre una página de honor en la verdadera historia de los derechos humanos en Argentina.-

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