Escribe: Eduardo A. Volonté.-
Si hubiese que mencionar un hecho fundante de la democracia argentina, bien podría citarse la sanción de la ley 8.871, denominada comúnmente ley Sáenz Peña; aunque bien podría –y con justicia- denominarse Ley Hipólito Yrigoyen.
Fue esa norma sancionada en la Cámara de Senadores el 10 de febrero de 1912 la que estableció el voto secreto y obligatorio, y con ello el inicio de una nueva forma de elegir el pueblo sus representantes.
La Ley estableció también el sistema de lista incompleta, correspondiendo dos tercios al ganador y un tercio al siguiente, es decir que incorporaba la minoría a las representaciones.
Vale aclarar que el derecho al sufragio solo regía para los hombres. Las mujeres debieron esperar hasta 1947 para ver hecha realidad la posibilidad de votar. Tampoco incluía la Ley a los extranjeros y a los habitantes de los Territorios Nacionales.
El nuevo texto había ingresado al Congreso en 1911, y como parte necesaria del nuevo régimen electoral fueron previamente sancionadas la Ley 8.129 de Enrolamiento General de Ciudadanos, y la Ley 8.130 de Padrón Electoral.
Fue el presidente Roque Sáenz Peña, electo en 1910 en elecciones fraudulentas como era costumbre, quien cumplió -a pesar de su origen- con su promesa de impulsar el cambio de régimen electoral.
Le tocó a su Ministro de Interior, Indalecio Gómez, llevar adelante las fatigosas tareas de lograr los acuerdos para hacer realidad ese paquete de leyes. Su sanción tiene de mérito suyo.
El otro gran involucrado en la concreción de esta Ley, fue Hipólito Yrigoyen, líder indiscutido del Radicalismo.
Largo fue el camino hacia esta ley. Las revoluciones radicales de 1890, 1893 y 1905, la abstención electoral del radicalismo, la tozudez de Yrigoyen de no dejarse tentar con cargos o cambios solo de maquillaje, sumadas a la decisión de Sáenz Peña de cumplir con su palabra de transparentar el sistema dieron como fruto estos cambios.
En realidad, casi podría decirse, que fue ella la que posibilitó el ingreso del pueblo al ejercicio de su soberanía política.
Si la Constitución Nacional de 1853 incorporó los derechos civiles, la Ley Sáenz Peña dio forma a los derechos políticos. Es indudable que en material electoral y política existe un antes y un después de esta ley.
Fue la provincia de Santa Fe la primera en poner en práctica esta nueva forma de votar el 31 de marzo de 1912, triunfando, luego de levantar su abstención electoral, la fórmula radical.
Debieron pasar cuatro años, hasta el 2 de abril de 1916 para que esta ley electoral debute con una elección presidencial.
De allí en más los avatares de la vida política argentina hicieron que el ejercicio de ese derecho fuese letra muerta durante largos períodos.
Con una democracia consolidada a pesar de todo, a 114 años de su sanción la Ley 8.871 sigue recordándonos el inicio de este camino sin retorno en el ejercicio de la soberanía popular a través del voto.-