Escribe: Eduardo A. Volonté
El pasado miércoles 2 la naturaleza nos regaló un impactante eclipse anular de sol o anillo de fuego, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol pero sin cubrirlo completamente.
El eclipse, cuya zona privilegiada de observación fue la provincia de Santa Cruz, se inició a las 15:57 (hora de Argentina); el inicio de la anularidad fue a las 17:20, su fin a las 17:31; y el fin del eclipse parcial fua a las 18:46.
Ese mismo día, horas después de finalizado el eclipse, el presidente Milei ponía en marcha otro eclipse al formalizar mediante el Decreto 879/2024 el veto total a la ley 27.757 de financiamiento educativo que sancionara el Congreso el 12 de septiembre.
La Ley tiene como objeto establecer un mecanismo de actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las Universidades y la mejora salarial de docentes y no docentes.
GARANTIZAR RECURSOS
Establece una distribución fija del presupuesto, asignando el 85% a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. Para estos determina un mecanismo de actualización bimestral.
También dispone un nuevo criterio de distribución presupuestaria entre las Universidades conforme a diversas variables.
Conforme a estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley tiene un impacto fiscal de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI. (repetimos: 0,14% del PBI). Ese es el gasto que Milei no está dispuesto aceptar y que por otra parte es similar a lo que el gobierno dejó de percibir al bajar el impuesto a los bienes personales.
De nada sirvió la multitudinaria marcha realizada en la Plaza del Congreso horas antes que Milei vete la Ley. Concentración que se replicó en todo el territorio nacional.
El documento allí leído, titulado “La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”, fue elaborado por la Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional (los Rectores) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
En sus tres páginas se ofrece una cruda lectura del crítico panorama que atraviesas las casas de estudios, el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes; la caída de los salarios; el rol estratégico de las Universidades; el valor de la educación pública.
También se refiere al preocupante desmantelamiento del sistema científico. Sobre esto, solo decir que desde diciembre de 2023 el sector científico-tecnológico perdió 2.448 puestos de trabajo. Solo en el Conicet se recortaron 825 becas y 514 puestos entre administrativos e investigadores, según datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ahora, como lo establece la Constitución Nacional, el destino del veto presidencial está en manos del Congreso Nacional.
Es de esperar que los representantes del pueblo sepan escuchar al pueblo que representan, que tomen debida conciencia de lo que significa el sistema universitario y científico para el país, y rechacen el veto presidencial.
Pero ni aún el rechazo del veto, significa la solución definitiva al financiamiento universitario.
Lamentablemente esta situación de crisis volverá de la mano del presupuesto 2025.
El documento leído en la concentración del miércoles lo advierte: “Exigimos también que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso.”
Sin Educación Pública, sin Universidades, sin Ciencia, no hay futuro posible para el país.
Es el futuro lo que está en juego. Nada menos que eso.-