Escribe: Eduardo A. Volonté
Si debiese sintetizarse de manera extrema la historia de los caminos, podría decirse que los mismos nacieron como simples rastrilladas indígenas, para convertirse en huellas de carruajes, más adelante en caminos y llegar al presente como rutas asfaltadas.
Hoy en día parece que estamos destinados a recorrer el camino inverso.
Ya sobre el vencimiento de las facultades delegadas concedidas por la llamada Ley Bases, el gobierno nacional mediante el Decreto 461/25 le asestó otro golpe al Estado con la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial; la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La historia de la Dirección de Vialidad ocupa más de un siglo de nuestra historia: en 1922 se efectuó el Primer Congreso Nacional de Vialidad, al que siguieran el 5 de octubre de 1925 el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, y en 1929 el Segundo Congreso Nacional.
Luego de un frustrado intento durante la presidencia de Alvear, en 1932 se aprobó la Ley 11.658 creando la Dirección Nacional de Vialidad.
Desde su creación Vialidad Nacional ha sido el organismo encargado del diseño, construcción y conservación de la red vial nacional, en la búsqueda de promover la conectividad territorial con rutas transitables que apunten tanto a la integración de los distintos centros poblados como a facilitar y asegurar el traslado de la producción y la circulación turística.
Ahora será el Ministerio de Economía quien gestionará el sistema de rutas nacionales como también los recursos de la disuelta Dirección Nacional.
Cuesta imaginar que se pueda desde este super Ministerio impulsar las distintas acciones que requiere el mantenimiento permanente de los 40.000 km de rutas con su cartelería, puentes, banquinas, etc. Del federalismo ni hablar.
Triste será el futuro si predomina el concepto de gasto sobre el de inversión.
También son muchas y variadas las críticas efectuadas desde distintos sectores a la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el rol que ha cumplido en la implementación de normativas, controles y campañas que han permitido reducir la siniestralidad en las rutas.
No sirve justificar esta disolución con el argumento que Vialidad fue un ícono de la corrupción kirchnerista y que llevara a la cárcel -prisión domiciliaria- a una ex presidente.
La corrupción se combate con un correcto funcionamiento de la Justicia, con la designación de funcionarios probos, y con las modificaciones y controles de funcionamiento necesarias para evitar que en los circuitos administrativos se generen las oportunidades para el ilícito.
La corrupción no se combate disolviendo organismos.
Tampoco son motivos, como se invoca, que posea una “estructura compleja”, con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión”, o la “falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”, la desproporción de agentes en relación a los recursos materiales.
Todos esos males son susceptibles de corregir con adecuadas medidas administrativas y correctas planificaciones del uso de los recursos humanos y materiales.
No es ninguna novedad decir que en general el estado de las rutas argentinas es calamitoso y una fuente permanente de accidentes y pérdidas de vidas y bienes. Esto es así desde hace décadas.
Pero ni la disolución ni tampoco la concesión a privados de más de 9.000 km es la solución.
O acaso alguien puede imaginar que el capital privado, movido como es lógico por la búsqueda de rentabilidad, se interesará por aquellas rutas poco transitadas que cumplen esencialmente una función social de comunicación e integración.
La disolución de Vialidad Nacional no es otra cosa que un paso más en la cruzada ideológica que el Presidente Mieli lleva adelante contra el Estado.
No importa que el resultado sea miles de empleados despedidos, desatención de las rutas nacionales, la puesta en riesgo de miles de vidas o la interrupción de los circuitos productivos.
Lamentablemente una vez más los argentinos perdemos parte del patrimonio común que es el Estado Nacional y sufriremos sus consecuencias.-