Escribe: Eduardo A. Volonté.-
Suele ocurrir que muchas veces las leyes sancionadas por el Parlamento no son mencionadas o recordadas por su número, sino por el nombre del autor o el motivo del tema que la impulsara.
Un ejemplo de esto lo es la denominada Ley Oñativia, en relación a quien fuera el Ministro de asistencia Social y Salud Pública de la Nación durante la presidente de Arturo Illia.
Este médico salteño, nacido el 16 de abril de 1914 fue un decidido impulsor de la ley de medicamentos que por su importancia y los intereses que afectara, puede señalarse entre los distintos factores que condujeran a la caída del gobierno de Illia en 1966.
Jorge Lanata así relató el proceder del gobierno sobre esta cuestión: “Luego de analizar treinta mil muestras se llegó a la conclusión de que varias fórmulas no tenían los ingredientes ni las drogas que mencionaban los prospectos que había autorizado el Ministerio de Salud. La Comisión de Costos estudió los precios y determinó que los remedios se vendían con un margen de ganancia superior al mil por ciento. Illia envió entonces un proyecto al Congreso manifestando que, mientras se prolongara la auditoría por parte del Estado, estaba congelado el precio de los medicamentos”.
La reacción de los laboratorios no se hizo esperar, con la soberbia del dinero dijeron ““Este es un gobierno dirigista que se inmiscuye en la elaboración de las medicinas cuando somos nosotros, los expertos internacionales, los que debemos ocuparnos de eso” y le exigieron a Illia que de marcha atrás.
Lejos de eso, el Presidente los intimó: “Cada uno de ustedes tiene seis meses para presentarnos una declaración jurada donde interpreten y afirmen cuál es la calidad de su medicamento y la composición de su costo de producción. Con esa documentación recién vamos a hablar, mientras tanto los precios siguen congelados”.
LAS LEYES
El gobierno luego de los informes de las comisiones de estudios creadas al efecto, impulsó las leyes 16.462 y la 16.463, sancionadas el 23 de julio y 28 de agosto de 1964 respectivamente, que fueran merecidamente llamadas leyes Oñativia, por el ministro de Salud Arturo Oñativia que las impulsara.
Estas leyes fueron sancionadas legalmente y con el apoyo de todos los partidos, exceptuando Udelpa y la Federación de partidos de Centro, fijaba una serie de reglamentaciones básicamente en materia de precios máximos y control de los medicamentos, que debían cumplirlas empresas farmacéuticas. Esta regulación atendía a la situación particular de esta industria que posee características de integración internacional tan particulares y que escapan al control de los países subdesarrollados.
La ley congelaba los precios de los medicamentos a los que regían a fines de 1963, se fijaban límites para los gastos de propaganda que podían realizar las empresas y a la distribución de muestras gratuitas. Se imponían severos límites a la posibilidad de realizar pagos en concepto de regalías, así como cualquier otro tipo de remesas al exterior en concepto de compra de insumos.
La reglamentación de la ley, mediante el Decreto 3042/65 fijaba no sólo el congelamiento de los precios sino también la obligación de presentar declaraciones juradas de formación de costos, además de obligar a formalizar por instrumento público todos los contratos de regalías existentes, aún los anteriores a la promulgación del decreto.
La ley 16.463 por su parte, regulaba la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial, de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.
LAS REACCIONES
Las presiones, la publicación de páginas enteras de solicitadas, los anuncios agoreros de falta de medicamentos fueron sólo algunas de las muchas formas que adoptó el sector involucrado para no ver reducidos sus pingües negocios realizados a costa de la salud del pueblo argentino.
Un claro ejemplo del poder de este sector industrial en el juego de presiones lo marca lo ocurrido durante las negociaciones para el refinanciamiento de la deuda externa con el Club de París.
Se encontraba el gobierno negociando dicha refinanciación y contaba con el acuerdo de todos los países del Club, cuando para sorpresa de la delegación nacional, Suiza -a pesar del escaso crédito que con ella tenía el país- se oponía a dar curso a la negociación. Ahondados los motivos de tal postura, fue posible saber que aquel país exigía el levantamiento de la Ley de Medicamentos para dar su voto afirmativo.
Mantenida con firmeza la actitud argentina, finalmente obtuvo el acuerdo para la renegociación, pero quedó en claro hasta donde estaban dispuestos los laboratorios farmacéuticos a llegar en defensa de sus intereses. Y anticipaba hasta donde llegarían…
El golpe de estado del 28 de junio de 1966 marcó un cambio total de política y un pleno acatamiento a los reclamos de los laboratorios.
Sobre la injerencia de estos en los sucesos que dieran por tierra con el gobierno democrático y la nueva política gubernamental en su favor, puede dar prueba lo ocurrido con los precios de los medicamentos a partir del golpe: el 3 de agosto de 1966 el gobierno de Onganía por decreto 498 autorizaba a los laboratorios a incrementar hasta un 12% los precios de los medicamentos que regían desde el 30 de agosto de 1964, y a partir de diciembre de ese mismo año aumentos que irían de un 30 a un 100 % más.
De esta manera, los laboratorios se resarcían de las ganancias pérdidas durante el gobierno de Illia.
Una vez más, el pueblo pagaba las consecuencias.
