Escribe: Eduardo A. Volonté.-
Su nombre real es Ley 8.871, pero se la conoce por su apodo de Ley Sáenz Peña.
También podría llamársela Ley Indalecio Gómez, o mejor aún, Ley Hipólito Yrigoyen.
Su sanción fue un hecho fundante de la democracia argentina, ya que estableció el voto secreto y obligatorio, y con ello el inicio de una nueva forma de elegir el pueblo sus representantes.
Vale aclarar que el derecho al sufragio solo regía para los hombres. Las mujeres debieron esperar hasta 1947 para ver hecha realidad la posibilidad de votar.
Tampoco incluía la Ley a los extranjeros y a los habitantes de los Territorios Nacionales.
La Ley establecía el sistema de lista incompleta, correspondiendo dos tercios al ganador y un tercio al siguiente, es decir que incorporaba la minoría a las representaciones.
El nuevo texto, que había ingresado al Congreso en 1911, fue sancionado el 10 de febrero de 1912.
Antes, como parte necesaria del nuevo régimen electoral fueron sancionadas la Ley 8.129 de Enrolamiento General de Ciudadanos, y la Ley 8.130 de Padrón Electoral.
Volvamos al comienzo y expliquemos el por qué de los nombres citados al comienzo.
Fue el presidente Roque Sáenz Peña, electo en 1910 en elecciones fraudulentas como era costumbre, quien cumplió -a pesar de su origen- con su promesa de impulsar el cambio de régimen electoral.
Le tocó a su Ministro de Interior, Indalecio Gómez, llevar adelante las fatigosas tareas de lograr los acuerdos para hacer realidad ese paquete de leyes.
El otro gran involucrado en la concreción de esta Ley, fue Hipólito Yrigoyen, líder indiscutido del Radicalismo.
Largo había sido el camino hacia esta Ley. Las revoluciones radicales de 1890, 1893 y 1905, la abstención electoral del radicalismo, y la tozudez de Yrigoyen de no dejarse tentar con cargos o cambios solo de maquillaje, solo exigiendo en forma inflexible comicios libres, generaron las condiciones para que la Ley viera la luz.
No resulta exagerado decir que fue ella la que posibilitó el ingreso del pueblo al ejercicio de su soberanía política.
Si la Constitución Nacional de 1853 incorporó los derechos civiles, la Ley 8.871 dio forma a los derechos políticos. Es indudable que en material electoral y política existe un antes y un después de esta Ley.
Fue la provincia de Santa Fe la primera en poner en práctica esta nueva forma de votar el 31 de marzo de 1912, triunfando, luego de levantar su abstención electoral, la fórmula radical.
El 7 de abril del mismo año, le tocó el turno a la Capital Federal para elegir legisladores. Aquí también el triunfo correspondió a la UCR.
Debieron pasar cuatro años, hasta el 2 de abril de 1916 para que esta ley electoral debute con una elección presidencial.
El resultado de esa elección es sabido. El pueblo argentino ejerció por primera vez su derecho a manifestar soberanamente su voluntad en las urnas para decidir mediante su voto el nombre de quien habría de conducir el destino de la República y por abrumadora mayoría consagró a Yrigoyen como el primer presidente elegido democráticamente.
Por primera vez, el pueblo era real protagonista de su destino al momento de elegir sus gobernantes.
De allí en más los avatares de la vida política argentina hicieron que el ejercicio de ese derecho fuese letra muerta durante largos períodos.
En 1983, la recuperación democrática significó también la plena vigencia del irrenunciable derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes y representantes legislativos.-